Nueva política pública de Patrimonio Cultural

En Coloquios Regionales a lo largo del país  y un Plenario nacional en Santiago, diversos actores del ámbito patrimonial  se reunieron para establecer diagnósticos  y propuestas para una nueva legislación.

Bajo el llamado  “El patrimonio, ¿bien común o bien de mercado? se llevaron a cabo durante 2016 los doce “Coloquios Regionales del Patrimonio”, en los que actores sociales diversos,  del ámbito académico, organizaciones comunitarias, fundaciones, representantes de comunidades, pueblos originarios y afrodescendientes, instituciones públicas, gestores culturales, entro otros, se reunieron en las principales universidades públicas del país para reflexionar acerca de las problemáticas y desafíos relacionados al patrimonio cultural local y nacional.  La iniciativa fue oganizada por el Departamento de Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Recogiendo la mirada local y la representación de la diversidad social, territorial y cultural  y validando el espacio académico como el lugar por excelencia para la producción del pensamiento crítico, los coloquios se enfocaron a la construcción colectiva de una definición de patrimonio que de cuenta del respeto y valoración de la diversidad cultural y ponga de relieve tanto los aspectos comunes como las distintas realidades y visiones que coexisten a lo largo de nuestro territorio y que demandan una atención particular por parte del Estado y la sociedad en su conjunto.

A modo de cierre de este proceso reflexivo y participativo, se realizó el Plenario de los Coloquios Regionales del Patrimonio en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, en Santiago, el pasado 6 y 7 de abril, con el fin de establecer diagnósticos y propuestas que sirvan de base para una futura política pública de patrimonio en el marco de la ley que crea el futuro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El encuentro fue inaugurado por el Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Ernesto Ottone , quien señaló la necesidad de que  “sin partir de cero, ni desconocer lo que se ha hecho, podamos superar la actual Ley de Monumentos, centrada exclusivamente en el patrimonio material y cuyos instrumentos, si bien han logrado salvar parte importante de nuestros espacios de valor histórico y cultural, resultan  insuficientes para abordar el dinamismo, la complejidad, la profundidad y la pluralidad de la realidad actual, y crear entre todos una legislación y una política pública del patrimonio que refleje la diversidad cultural de Chile”

La necesidad del reconocimiento constitucional de la multiculturalidad como base de una política pública descentralizada, que permita mayor eficiencia y participación  en la definición, protección y gestión del patrimonio,  fue uno de los principales temas que se plantearon.

La jefa del Departamento de Patrimonio Cultural del CNCA, Solange Díaz,  señaló que “los principios orientadores de la indicación sustitutiva que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, incluyen los tópicos y demandas aquí manifestadas: el principio de la diversidad cultural, de la democracia y participación cultural, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, la libertad de creación y valoración social de los creadores y cultores, el reconocimiento de las culturas territoriales, el patrimonio cultural como un bien público y el  principio de la memoria histórica.”

Algunos temas transversales que resultan de este proceso fueron resumidos al finalizar las reuniones por la Asesora de Patrimonio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, antropóloga y Premio Nacional de Ciencias Sociales, Sonia Montecino, principal impulsora de esta iniciativa.  Entre ellos el concepto mismo de patrimonio, “y cómo éste se hace operativo para que sea capaz de abordar la diversidad de la realidad”

Los conflictos y el impacto en los territorios y las comunidades provocado por la irrupción del turismo y la explotación industrial de los recursos naturales; la redefinición de los conceptos y criterios referidos a la cultura en general, el  patrimonio y su puesta en valor y conservación; la problemática de las comunidades rurales e indígenas y la protección de sus sistemas culturales; la educación como agente de consolidación y proyección de la cultura tradicional; la legislación para la protección de los derechos y bienes patrimoniales; los desequilibrios de poder en la toma de decisiones; las disputas entre agentes e intereses que amenazan el patrimonio; la necesidad del registro, investigación y visibilización de las identidades locales. Son algunos de los múltiples temas que deberá considerar la nueva legislación.