CONSTRUCCIONES DE LA MEMORIA: VIGÍAS DEL PATRIMONIO

Por Patricio Gross, Arquitecto

Como nos hemos referido en ocasiones anteriores, la temática de nuestros patrimonios, tanto materiales como inmateriales, constituye una preocupación central, no solo de nuestra Corporación del Patrimonio Cultural, sino que en forma cada vez más creciente por diversas agrupaciones culturales, comunidades y la ciudadanía en general.

El patrimonio comprende una gran variedad de expresiones, aceptando las diferencias y circunstancias en que se ha consolidado, pero conviviendo y valorando la diversidad de nuestros territorios y su gente a lo largo de la historia. Su reconocimiento es una demostración fehaciente de sentir muy vivos nuestros valores, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, es decir nuestra identidad, sin perjuicio de tener presente que dichas manifestaciones no se mantienen estáticas, sino que evolucionan y se enriquecen a través del tiempo con nuevos aportes, representativas de una sociedad en evolución.

Limitándonos por ahora solo al patrimonio construido que se expresa en formas físicas, principalmente arquitectónicas y urbanas, sea en construcciones, monumentos e infraestructura de diferentes épocas y estilos, desgraciadamente constatamos que no se les conserva, respeta y protege como mínimamente debiese ser. Son muchos los casos que así lo demuestran y hemos sido testigos asombrados y dolidos de cómo la protesta pública violenta se ha volcado contra ellos en el último tiempo de manera incomprensible e injustificable, no obstante que ya desde antes éramos testigos de su degradación y ausencia de intervenciones adecuadas para preservarlos.

Frente a la generalizada indolencia que afecta aun en tiempos “pacíficos” a nuestros patrimonios tangibles, haciendo peligrar hasta su existencia, surgen instituciones y legislaciones para resguardarlos como bienes públicos y privados dignos de permanecer en el tiempo. Contamos con el Consejo de Monumentos Nacionales CMN, creado en 1925 y dependiente hoy del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y los Planos Reguladores Comunales que formulan las municipalidades del país para sus respectivos territorios. En el primero, se declaran Monumentos Históricos y Zonas Típicas y en los municipios se identifican los Inmuebles de Conservación Histórica ICH y las Zonas de Conservación Histórica ZCH, con lo cual supuestamente todos los registrados -que solo representan una mínima parte de lo que debiera ser declarado-, quedan protegidos frente a demoliciones y a transformaciones ilegales que alteran totalmente la obra original.

En el Consejo de Monumentos Nacionales existe la Secretaría Técnica, estableciéndose que deberán coordinarse con las municipalidades y demás órganos del estado competentes para que se actualicen, modifiquen o elaboren Instrumentos de Planificación Territorial IPT, en sus diferentes escalas, en armonía y coherencia con los Instrumentos de Gestión Patrimonial. Pero además, en las Secretarías Técnicas y en los Inspectores Municipales recae la supervigilancia y fiscalización ante denuncias por infracción a la Ley de Patrimonio Cultural LPC, las que se deben ejercer visitando e inspeccionando el estado de conservación o el desarrollo y calidad de las intervenciones autorizadas sobre bienes protegidos.

Desgraciadamente, en la práctica esta fiscalización y supervigilancia se ejerce escasamente por evidente falta de personal, así como por la dispersión y extensión de los bienes supuestamente protegidos. Estas fiscalizaciones debiesen siempre contar con el comparecimiento presencial de profesionales especializados en patrimonio cultural, quienes deben verificar la denuncia, idealmente evaluando la situación, proponiendo si se requieren soluciones y acciones inmediatas e informando a la respectiva Secretaría Técnica.

Ante la situación descrita y la importancia y urgencia que reviste impedir la destrucción y desfiguración de nuestro patrimonio material, proponemos que a este fin se rescate la figura de Vigías del Patrimonio, una valiosa iniciativa en práctica en otros lugares y tratada de implementar en nuestro país por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo años atrás. Para ello se debe abrir un registro con profesionales, expertos y personas con cierta trayectoria en el área, sin perjuicio de llevar a cabo cursos de capacitación y actualización acreditados ante el Consejo de Monumentos Nacionales, y que estén dispuestos a colaborar voluntariamente frente a estas denuncias o incluso pudiendo iniciarlas. Ello puede extenderse también a los ciudadanos – pensamos en personas mayores que conocen y recorren sus territorios – facultándolos para hacer denuncias de atentados al patrimonio ante las Secretarías Técnicas, más allá de hacerlo también frente al poder judicial.

Medidas como éstas abrirían un enorme campo de posibilidades para enfrentar debidamente una conservación de gran significado para nuestra cultura e identidad nacionales, ampliando además el número de patrimonios “vigilados” y tener el privilegio de seguir enriqueciendo la contemplación y convivencia con obras de belleza, historia y sentido.