CONSTRUCCIONES DE LA MEMORIA: LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EN DEUDA

Por Patricio Gross, arquitecto. Miembro del Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, socio de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, miembro del Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos.

De entre las miles de construcciones de alto valor patrimonial repartidas a lo largo del territorio nacional, solo un bajísimo número, en torno a mil trescientas, ostentan en la actualidad el rango de Monumento Histórico en nuestro país, declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales, hoy dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Una cifra, que según el amplio consenso de los expertos, no guarda relación con la enorme cantidad de edificaciones que merecen dicho reconocimiento.

Igualmente bajo es el porcentaje de patrimonios protegidos por los Municipios, como Zonas o Inmuebles de Conservación Histórica, a través de los planes reguladores comunales. Dicha protección está marcada por los conflictos de interés. Junto al deseo por mantener y asegurar la inversión inmobiliaria privada en la comuna, a menudo apoyados por poderosos lobbys, y la idea cortoplacista de que “el patrimonio es un freno al desarrollo”, los concejales y alcaldes suelen manifestar el noble anhelo de resguardar el patrimonio cultural urbano, como testigo del pasado y fuente de identidad local.

Son fuerzas que actúan en sentido opuesto, no siempre bien definidas a nivel local. Además, se presenta a los municipios un vacío legal respecto del patrimonio localizado en sus áreas rurales, ya que los Planes Reguladores Comunales sólo contemplan las zonas urbanas.

Pero, más allá de lo reducido y lo conflictivo que resulta el reconocimiento como Patrimonio Protegido, surge la pregunta sobre la efectividad del mismo. Si bien toda intervención en un bien protegido debiese ser aprobado por la autoridad competente, sea el Consejo de Monumentos Nacionales o la Secretaria Regional del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en la práctica ello se cumple escasamente y la responsabilidad de no intervenirlo y de mantenerlo en debido estado por parte del propietario, público o privado, difícilmente se realiza y menos aún, se fiscaliza.

Gran e impostergable tarea tenemos todos para evitar que se pierdan más patrimonios que clara y legítimamente son tales. Es urgente acudir en auxilio de los que están en peligro y no cuentan con medidas de protección; exigir una revisión y actualización de los que están pendientes de aprobación –muchos de los ya han desaparecido por la acción humana y/o fenómenos naturales- incluir en las redes de conservación y puesta en valor a patrimonios postergados inexplicablemente, mejorar los sistemas de control y fiscalización y aumentar significativamente el número de patrimonios protegidos, generando un sistema de incentivos.

Es vital acompañar las declaratorias del apoyo financiero que haga viable la conservación de las zonas e inmuebles protegidos mediante fondos públicos y líneas de créditos a tasas convenientes así como ampliar y optimizar el uso de la Ley de Donaciones Culturales fomentando las donaciones privadas a través del beneficio tributario.